Palizas, amenazas de muerte y agresiones sexuales son solo algunas de las violaciones de los derechos humanos que sufren a diario los refugiados y migrantes de manos de las mafias que actúan en Libia, convertida en la única ruta alternativa para huir a Europa desde el acuerdo firmado entre la UE y Turquía. Así lo denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe que recoge los testimonios de víctimas que lograron alcanzar la costa italiana.

Migrantes y solicitantes de asilo que aún penan en centros de acogida libios explican a Efe que, además, algunos se ven incluso obligados a alistarse en grupos armados, especialmente yihadistas, para poder sufragar el arriesgado viaje.

"Antes, se podía encontrar un trabajo aquí en Libia o incluso en Túnez, pero ahora no hay nada que hacer y las milicias pagan bien", explica un hombre llegado desde Eritrea. De acuerdo con su relato, subirse a una embarcación precaria para arriesgar la vida cuesta en torno a unos 2.000 euros, una cifra astronómica para ellos.

Cerca de 10.000 personas han sido rescatadas por barcos en el mar en las últimas dos semanas, mientras que varias decenas han fallecido. Frente al miedo a morir ahogados, los migrantes suman meses de privación y vejaciones.

"Desde secuestros, encarcelamientos subterráneos durante meses y abusos sexuales a manos de miembros de grupos armados, hasta palizas, explotación o disparos a manos de traficantes de personas, tratantes de seres humanos o bandas delictivas", enumera Amnistía Internacional en su informe.

"Sus experiencias trazan una aterradora imagen de las condiciones de las que muchos de quienes vienen a Europa quieren desesperadamente escapar", subraya Magdalena Mughrabi, directora adjunta de AI para Oriente Medio y el norte de África.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en Libia hay más de 264.000 personas migrantes y refugiadas, 37.500 de las cuales son refugiadas y solicitantes de asilo —la mitad sirios— de acuerdo con Acnur.

"Nadie debería tener que sufrir secuestro, tortura y violación en Libia para pedir protección. La comunidad internacional debería estar esforzándose al máximo por garantizar que, para empezar, las personas refugiadas no necesitasen huir a Libia", denuncia AI.

"La UE y, de hecho, los gobiernos de todo el mundo, deberían incrementar enormemente el número de plazas de reasentamiento y visados humanitarios para personas refugiadas vulnerables que se enfrentan a graves penurias y tienen pocas perspectivas en los países vecinos a los que huyeron en primer lugar", agrega.

La ONG recalca que la formación hace seis meses del llamado Gobierno de unidad nacional, designado por la ONU, no ha servido para la estabilizar el país, escenario de combates diarios a lo largo de todo su territorio. Tampoco ha bastado para frenar los abusos que comente guardias de frontera y personal de los centros de acogida.

"Las autoridades libias deben tomar medidas urgentes para restaurar el Estado de derecho y proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Y tiene el deber de hacer rendir cuentas a los responsables de estos abominables crímenes", recuerda.

A este respecto, AI advierte que pese a los informes precedentes, la situación respecto a 2015, año en el que cerca de 10.000 personas murieron ahogadas en el mar cuando trataban de huir, solo ha hecho que empeorar.

"Varias describieron cómo las habían golpeado, violado, torturado o explotado quienes las mantenían cautivas. Algunas presenciaron cómo los traficantes mataban a gente a tiros, y otras vieron cómo se dejaba morir a gente a consecuencia de enfermedades o malos tratos", recalca.

Además de las citadas agresiones, AI ha constatado también un aumento en el último año de las persecuciones y abusos por razón de religión, especialmente de parte de las milicias vinculadas con movimientos yihadistas. "El aumento de grupos armados poderosos, entre ellos algunos que habían jurado lealtad al autodenominado Estado Islámico, ha puesto a los extranjeros —especialmente a los cristianos— en un mayor riesgo de sufrir abusos y posibles crímenes de guerra", afirma.

En este contexto, AI apela a la responsabilidad de la Unión Europea, a la que exige que se centre en perseguir y castigar a los culpables y cese de criminalizar a los migrantes, que son víctimas de una doble injusticia.

"La UE debe centrarse menos en mantener fuera a migrantes y refugiados y más en encontrar vías seguras y legales para que las personas atrapadas en Libia accedan a un lugar seguro. La prioridad debe ser salvar vidas, y eso significa desplegar recursos suficientes en los lugares adecuados para evitar nuevas tragedias", concluye.